Mas de 200 organizaciones ambientales manifestamos nuestra profunda preocupación y rechazo al proyecto de ley – y a las indicaciones presentadas por el Gobierno – en la tramitación de la reforma a la Ley de Bases del Medio Ambiente, actualmente alojada en el Senado en su primer trámite constitucional.
En un contexto de álgida discusión mediática en torno a la mal llamada “permisología” o la
supuesta burocracia en torno a la tramitación de proyectos de inversión, en el presente año
el Ejecutivo ingresó al Congreso el proyecto de ley de reforma a la institucionalidad
ambiental. Aunque desde sus inicios el proyecto contenía deficiencias, las indicaciones
presentadas por el Gobierno han empeorado la propuesta, renunciando a los tímidos
avances del documento original.
Es notoria y lamentable la presión que existe por aprobar esta reforma a como dé
lugar, debido a la cual el Ejecutivo ha cedido a las propuestas de los centros de
pensamiento cercanos a los intereses económicos, como son Libertad y Desarrollo y la
Fundación Jaime Guzmán. Por otro lado, se ha despreciado la visión de los sindicatos de
los organismos ambientales, organizaciones y ciudadanos que esperan una normativa
ambiental que los proteja y que nos permita un país armónico ahora y en el futuro.El proyecto, que era esperado como una oportunidad de mejora en los estándares de
protección ambiental, puede transformarse, en caso de aprobarse las indicaciones
presentadas por el gobierno y por la oposición, en una amenaza las posibilidades de
sustentabilidad, entregando un poder desmedido a los intereses económicos y limitando al
control del Estado sobre sus bienes naturales. La desigualdad en esta materia es una
fuente de conflictos sociales que esta reforma legal potenciaría, al olvidar cualquier lógica
de justicia social y ambiental.
Entre los elementos más perjudiciales del proyecto, se encuentran:
1. Se crea un procedimiento especial para modificaciones de proyectos mediante
declaraciones juradas, sin que estas sean revisadas previamente por la
administración del Estado, renunciando a una revisión preventiva de los proyectos y
actividades.
2. Se flexibiliza el procedimiento de urgencia excepcional para reducir tiempos en la
tramitación de proyectos, presionando al Estado en su actuación con el fin de
acelerar la entrega de permisos, a proyectos que serán determinantes a dedo por los
gobiernos.
3. Se crea una nueva institucionalidad, a costa del fisco, para revisar las reclamaciones
de proyectos y disfrazar el componente político en esta decisión. Esto en vez de aumentar la capacidad técnica y humana de los organismos ya existentes que tienen la expertiz y el conocimiento específico sobre las materias de su competencia.
4. En línea con lo anterior, se entrega al Servicio de Evaluación Ambiental un rol
superior sobre los demás Organismos con Competencias Ambientales, pudiendo
este modificar sus observaciones, privilegiando una mirada economicista por sobre
la opinión técnica de los demás organismos con competencias ambientales. Esta
reforma podría además ser inconstitucional.
Además de estos retrocesos respecto de la normativa vigente, debido a las presiones en la
tramitación del proyecto, el gobierno renunció a sus propuestas originales, debilitando el
contenido ambiental del proyecto de ley.
Entre la propuesta original y las indicaciones podemos considerar los siguientes retrocesos:
1. Se reduce la importancia del Ministerio de Medio Ambiente en la evaluación de
proyectos, limitando su intervención en la Evaluación Ambiental Estratégica,
instrumento clave para la planificación. Además, se debilita el control posterior,
cambiando la obligación de informar al Ministerio del Medio Ambiente cada cinco
años por la simple publicación de la información en la web institucional.
2. Se elimina toda opción de poner término anticipado a una evaluación ambiental por
incompatibilidad territorial. También se establece que todos los permisos o
pronunciamientos ambientales necesarios para proyectos en evaluación se
otorgarán dentro del sistema de evaluación, sin necesidad de procedimientos
adicionales, lo que impide a los organismos con competencia técnica poder
efectivamente cumplir sus funciones.
3. Se relega la participación local en la evaluación ambiental de proyecto, con
indicaciones que restringen la injerencia de los Gobiernos Regionales y
Municipalidades en la Evaluación Ambiental. Originalmente, el SEA debía solicitar su
opinión sobre varios instrumentos de desarrollo y gestión. Ahora, solo pueden
pronunciarse sobre aquellos que sean de su competencia directa.
4. Deja de lado la posibilidad de revisar proyectos si es que surgen nuevos impactos no
considerados previamente en la evaluación original. Considerar estos impactos
sinérgicos y acumulativos en la evaluación de proyectos es una cuestión esencial
para una gestión ambiental responsable y sostenible en Chile.
5. Modificación de la regulación que proponía un registro de consultores, los cuales
revisaban antecedentes que acompañaban a los titulares de proyectos o actividades
que se sometan al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental. Con esta
modificación, solo se deja un listado informativo de consultores, sin control sobre los
mismos, manteniendo el control de los titulares de proyectos sobre la veracidad de la
información que entregan.
6. Igual situación ocurre con la propuesta original sobre establecer una carga dinámica
de la prueba, que permitía un mejor acceso a la justicia de las partes afectadas. Con
la modificación, esta pasa a ser una facultad excepcional, desatendiendo el Acuerdo
de Escazú.
Con estas modificaciones es claro que el Ejecutivo ha renunciado a sus ideas originales.
Cuesta comprender que el contexto actual de crisis climática y ecológica, de la cual Chile se
encuentra entre los países más vulnerables, y con la enorme cantidad de conflictos
socioambientales que cada día se levantan en nuestras comunidades, este gobierno decida ir en el sentido opuesto a lo que dicta la lógica. Pudiendo promover un proyecto que
establecía certezas, fortalecía la institucionalidad para evaluar de mejor manera los
impactos sinérgicos y acumulativos, y potenciaba la agilidad del sistema tanto a favor de las
comunidades como de la inversión, se ha optado por la negociación fácil a costa del
medioambiente.
Hacemos un llamado al Ministerio de Medio Ambiente a quitarle urgencia legislativa y
al Congreso a rechazar el proyecto de reforma a la Ley de Bases Generales del Medio
Ambiente. Al Estado a fortalecer la institucionalidad con recursos humanos y financieros. Y a la ciudadanía y otros actores sociales a informarse respecto a este importante tema que tendrá consecuencias fundamentales en la forma en que se aborda la situación medioambiental de nuestros territorios.
